Rodrigo Mora, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia en Chile: “La transparencia por sí sola no asegura el fin de la corrupción”

Rodrigo Mora, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia Administrativa del Gobierno de Chile, nos recibió en Santiago para hablar sobre el trabajo de esta institución así como de la Comisión Asesora Ministerial para la Promoción y Respeto de los Derechos de las Personas ante la Administración del Estado en un país que el propio Mora sitúa a la cabeza de Iberoamérica en materia de transparencia.

Mora, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magister en Políticas Públicas por la Universidad de Chile, ha trabajado como asesor legislativo en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en la Comisión de Probidad y Transparencia además y fue Asesor Jurídico en Acceso a la información Pública en la Dirección de Presupuesto.

¿Cómo surge la idea de crear la Comisión de Probidad y Transparencia o la Comisión Defensora de Ciudadano como complemento a las leyes en estas materias?

La creación de estas comisiones responde a un fenómeno que es muy particular en la política chilena, y pienso que de toda la política en general cuando hablamos de temas de corrupción: la generación de institucionalidades que son reactivas a las crisis de corrupción. Por regla general, todas las crisis de corrupción conllevan la creación de instituciones, ya sean legales o administrativas.

En Chile hablamos de este fenómeno desde la vuelta a la democracia, que no es un tema menor porque cuando no hay democracia la corrupción es prácticamente total y los controles son ilusorios, es algo que vivimos con la dictadura militar de Pinochet. Pero desde el retorno a la democracia en nuestro país han existido cuatro grandes crisis en matiz de corrupción: en los años 1994, 2003, 2006 y la peor en 2015. Cada escándalo de corrupción trajo aparejada una agenda anticorrupción, y esto es algo que ocurre de forma similar en todos los países.

En el caso de Chile tras la crisis de corrupción de 2006, que surgió a raíz de un caso de malversación de fondos públicos, se creó la Agenda de Probidad y con ella la Ley de Transparencia. Para garantizar la implementación de esta esa ley se crearon la Comisión de Probidad y Transparencia la Comisión Defensora Ciudadana. Posteriormente el gobierno de Sebastián Piñera fusionó las dos instituciones pero nosotros las encontramos funciones diferentes y las volvimos a separar en 2016.

¿Cómo se ha trabajado la comunicación de las leyes de Probidad y Transparencia con los ciudadanos?

Salvo la Ley de Acceso a la Información Pública, que tuvo una gran campaña de comunicación, las otras legislaciones no han tenido tanta difusión. Sin embargo, son instrumentos que han sido muy utilizados por la población, aunque no sean absolutamente conocidos. De hecho en ninguna parte del mundo las leyes de acceso a la información pública son conocidas por el cien por cien de la población.

Nosotros somos una agencia que está en la fase de implementación de las políticas públicas y eso incluye la capacitación, el monitoreo estratégico, para minimizar las brechas para que las autoridades cumplan la ley en tiempo y forma, y la asistencia. Es en materia de capacitación, donde incluimos sociedad civil, funcionarios públicos y autoridades, donde nos enfocamos más en la comunicación a través de la elaboración y difusión de materiales publicitarios o de propaganda.

¿Existe diferencia en las consultas recibidas por regiones, edad, sexo…?

La Región Metropolitana es de la que más consultas se reciben. El perfil típico de las consultas recibidas es de hombre posgraduado de Región Metropolitana.
Los hombres son los que más se acercan a las administraciones, salvo en la región de la Araucanía (una de las zonas más pobres e históricamente conflictiva con el estado de Chile) en la que curiosamente acuden más las mujeres. A nivel socioeconómico destaca la participación de la clase media emergente y la mayoría de las consultas es de gente con empleo y estudios completados.

¿Se ha intentado fortalecer la participación en las regiones o realizar campañas para disminuir la brecha de participación por sexo, edad o nivel socioeconómico?

El Consejo de la Transparencia, que es el órgano autónomo encargado de la promoción, sí se ha preocupado mucho de ese tema. Nosotros también especialmente en términos de municipios, o gobiernos locales, en los que generamos ese tipo de difusión, porque es evidente que hay una brecha.  El Consejo Ciudadano sí es el que hace ese tipo de campañas, aunque nosotros nos focalizamos más en capacitar a funcionarios públicos, para que conozcan la ley y sepan cómo enfrentarse a las diferentes peticiones.

¿Qué nivel de cultura de transparencia piensa que hay en la sociedad chilena?

Pienso que es un nivel muy alto. Chile es líder en América Latina y probablemente en Iberoamérica también. Líder en el sentido de que tiene mucha apertura de información, la gente sabe que puede consultarla y lo hace a través de Internet.

¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación respecto a la ley de transparencia? ¿Se han limitado a difundir la información del gobierno? ¿Se han mostrado críticos con estas leyes? ¿Han utilizado los recursos que ofrecen en su trabajo?

Sí lo han utilizado, al principio no mucho pero recientemente sí. Han hecho grandes trabajos y se han destapado grandes casos de corrupción gracias al uso de las leyes de transparencia, especialmente gracias a leyes específicas como la Ley del Lobby o la regulación de la declaración de patrimonio e intereses.
Pero el proceso de entrenar a toda una generación de periodistas en el uso de las leyes de transparencia es lento y en nuestro caso demoró cinco o seis años.

¿Qué se ha conseguido hasta el momento con la creación de estas leyes en Chile y que falta por conseguir?

Uno podría pensar que estas leyes generan una disminución de la sensación de corrupción, pero no es así. La transparencia por sí sola no asegura el fin de la corrupción, lo que permite es tener una mayor posibilidad de controlar los gastos del gobierno, pero hace falta otras cosas, como una mayor participación.

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